La Dra. María Laura Territoriale, Defensora Pública Coadyuvante de la Justicia Federal de Bell Ville, brindó detalles sobre un caso que conmueve a la comunidad y que pone de manifiesto la crisis prestacional de las obras sociales. Se trata de un niño electrodependiente cuya vida corre peligro debido a la interrupción de la cobertura por parte de su prestataria.

Un conflicto de jurisdicciones en medio de una urgencia La familia acudió a la Defensoría en un estado de total angustia tras meses de incertidumbre. Según explicó la Dra. Territoriale, el menor posee carné de la obra social OSECIP (Industria del Vidrio). Sin embargo, la entidad se negaba a reconocer las prestaciones, alegando erróneamente que la cobertura correspondía a otra institución (OSACRA).

Ante esta situación, la Defensoría libró oficios a la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo que fue contundente al confirmar que la responsabilidad legal y administrativa recae exclusivamente sobre OSECIP.

La respuesta judicial Debido al silencio de la obra social ante los reclamos extrajudiciales, la Justicia Federal interpuso una acción de amparo con medida cautelar. "La medida cautelar salió a favor la semana pasada", señaló la defensora, quien además advirtió que la obra social apeló la resolución. No obstante, se espera que el recurso sea concedido con efecto devolutivo, lo que implica que la apelación no suspende la obligación de brindar atención médica inmediata dada la extrema gravedad del cuadro.

Solidaridad médica frente al colapso Un dato alarmante revelado por la funcionaria es que los profesionales médicos y centros de atención continúan asistiendo al niño de manera gratuita desde el mes de diciembre. "Saben que si dejan de prestar los servicios, el niño se muere, porque vive conectado a respirador y alimentación asistida", enfatizó Territoriale.

Finalmente, la defensora advirtió sobre un fenómeno creciente: los tribunales federales se encuentran saturados por la proliferación de amparos de salud, lo que evidencia un sistema de obras sociales en crisis que obliga a los afiliados a judicializar sus derechos más básicos para poder sobrevivir.